Distribución de funciones y participación política

Separación o distribución de funciones

La Constitución no contiene una cláusula que diga "el poder se divide en tres". El principio se construye a partir de tres normas:

• El art. 7°, que exige actuación dentro de la competencia y prohíbe que magistratura, persona o grupo de personas se atribuyan "otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes".
• La asignación orgánica de funciones: gobierno y administración al Presidente (art. 24); función legislativa al Congreso y al Presidente como colegislador (arts. 46 y ss.); jurisdicción exclusiva a los tribunales (art. 76 inc. 1°).
• El art. 76 inciso 1°, que prohíbe expresamente al Presidente y al Congreso ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de las resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.

Hoy se habla de distribución más que de separación, porque las funciones no se asignan de modo puro:

Órgano	Función que ejerce fuera de "la suya"
Presidente	Colegisla y dicta normas generales (potestad reglamentaria)
Congreso	Función jurisdiccional material en la acusación constitucional (art. 53 N° 1, el Senado resuelve "como jurado")
Tribunal Constitucional	Actúa como legislador negativo

Lo relevante, entonces, no es la pureza de la asignación sino el sistema de frenos y contrapesos (checks and balances).

Fundamento histórico-doctrinal

Locke (Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, 1690) y Montesquieu (Del espíritu de las leyes, 1748: "para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder"), con recepción en el art. 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Órganos autónomos fuera de la tríada clásica

Estos órganos también distribuyen poder y son parte esencial de la respuesta completa:

• Contraloría General de la República (arts. 98-100)
• Banco Central (arts. 108-109)
• Ministerio Público (arts. 83-91)
• Tribunal Constitucional (arts. 92-94)
• Justicia Electoral (arts. 95-97)
• Consejo de Seguridad Nacional (arts. 106-107)

Participación política y social

Bases normativas

• Art. 1° inciso 5°: deber del Estado de "asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional". Es el fundamento constitucional más amplio del principio participativo, y sirve de base a las acciones afirmativas (por ejemplo, cuotas de género en las candidaturas parlamentarias).
• Art. 5° inciso 1°: el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas.
• Arts. 13 a 18: ciudadanía (chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva), derechos de sufragio y de optar a cargos de elección popular; suspensión y pérdida de la ciudadanía; sistema electoral público regulado por ley orgánica constitucional (Ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios; Ley N° 18.556 sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral).
• Art. 19 N° 13: derecho de reunión pacífica, sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se rigen por las disposiciones generales de policía.
• Art. 19 N° 14: derecho de petición a la autoridad, en términos respetuosos y convenientes.
• Art. 19 N° 15: libertad de asociación y régimen de partidos políticos (LOC N° 18.603).
• Art. 118 inciso 5°: plebiscitos comunales y consultas ciudadanas, en la forma que determine la LOC de Municipalidades.

Participación social infraconstitucional

Tres cuerpos legales completan el cuadro:

• Ley N° 20.500 (2011) sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública: consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, cuentas públicas participativas y acceso a la información.
• Ley N° 20.730 (2014), que regula el lobby y la gestión de intereses particulares.
• Consulta indígena del art. 6° del Convenio 169 de la OIT, vigente en Chile desde 2009. Su omisión ha sido causa frecuente de acogida de recursos de protección y de nulidad de actos administrativos ambientales.

Puntos críticos de examen

La Constitución de 1980 fue diseñada con una fuerte impronta representativa y escasos mecanismos de democracia directa: no existe iniciativa popular de ley, ni referéndum revocatorio, ni plebiscito nacional de iniciativa ciudadana. El único plebiscito nacional ordinario es el del art. 128, y sólo procede en caso de conflicto entre Presidente y Congreso en materia de reforma constitucional.